Mientras lanzaba una consulta pública sobre nuevas directrices borrador, la EBA anunció una serie de nuevas medidas que buscan abordar las inconsistencias aparentes entre los países de la UE. Estas se relacionan particularmente con las verificaciones realizadas por instituciones financieras.
El mes pasado, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) anunció planes para fortalecer los controles de prevención de lavado de dinero (AML) requeridos para los procesos de incorporación de clientes remotos.
Mientras lanzaba una consulta pública sobre nuevas directrices borrador, la EBA anunció una serie de nuevas medidas que buscan abordar las inconsistencias aparentes entre los países de la UE. Estas se relacionan particularmente con las verificaciones realizadas por instituciones financieras.
En los últimos años, los servicios remotos se han convertido en la norma para muchos clientes de la UE. Esto se debe a los avances en tecnología y a una creciente demanda de servicios virtuales.
Aliado a esto, la incorporación remota es un pilar central de la estrategia de finanzas digitales de la UE de 2020. Debido a esto, se necesita un enfoque regulador unificado para proporcionar claridad y consistencia sobre lo que está, y lo que no está, permitido en un contexto remoto y digital dentro de la unión.
Las nuevas directrices de la EBA describen un proceso común que las empresas en toda la UE deben adoptar para garantizar que sus procesos de incorporación de clientes cumplan con las obligaciones de debida diligencia.
Además, la EBA también ha enfatizado que las empresas deben comprender las capacidades de las nuevas soluciones de incorporación remota. Al entender las tecnologías, la EBA cree que las empresas de toda la unión pueden apoyar el uso responsable de estas tecnologías y asegurarse de que sean conscientes de los riesgos de lavado de dinero que puedan surgir. Luego, las empresas también pueden tomar medidas para mitigar estos riesgos de manera efectiva.
En la actualidad, la EBA ha lanzado una consulta sobre las nuevas directrices. Esta estará vigente hasta el 10 de marzo de 2022. También se llevará a cabo una audiencia pública el 24 de febrero de 2022.
En la sección de ‘resumen de preguntas para la consulta’ de las directrices, las preguntas sobre la propuesta destacan la adquisición de información, la autenticidad e integridad de documentos, las identidades digitales, la dependencia de terceros, la subcontratación, las TIC y la gestión de riesgos de seguridad.
Una vez que se adopten las nuevas directrices, los estándares se aplicarán a todos los operadores del sector financiero que estén dentro del alcance de las Directivas de Prevención de Lavado de Dinero de la UE (AMLD).
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